Han pasado muchos años desde que Aristóteles escribiera aquello de que una democracia que saquea no es más honrada que una oligarquía que explota. Coincidía también con Platón en que el fin del Estado ha de ser un propósito ético. Hace muchos menos años que la socialdemocracia europea ha venido manteniendo que la función principal del Estado radica en garantizar la prosperidad económica y el equilibrio entre las clases en pugna. Es decir, el Estado moderno ha de tener como uno de sus principales objetivos, la redistribución justa de la riqueza y la superación de las desigualdades. Nada más lejos de la realidad a partir de la crisis de 1973 y, sobre todo, de la actual crisis, que ha generado en amplias capas sociales, una profunda insatisfacción.
Pero el malestar ciudadano y las tensiones sociales que van apareciendo no son solamente una cuestión económica, a pesar de los altos índices de empobrecimiento de la población y la paulatina destrucción de la clase media. Son, también, una cuestión política. La pérdida de calidad democrática, la creciente ruptura del equilibrio entre libertad y seguridad, el incremento de las medidas legislativas de carácter coercitivo, las pacatas medidas para eliminar los altos índices de corrupción, etc. ponen de manifiesto una notable falta de voluntad –o de valor- de los grandes partidos para llevar a cabo la necesaria regeneración.
El surgimiento de movimientos de corte radical y populista en España, que ponen en cuestión muchos de los fundamentos del sistema y hacen tabla rasa de los avances conseguidos en todos los órdenes desde el fin de la dictadura, resulta grotesco en la medida en que, por razones puramente tácticas, evitan definirse como de izquierdas (o derechas) sustituyéndolo por un indefinido “los de arriba y los de abajo”. Nada más falso y, en el fondo, más ideológico, ya que los conceptos izquierda y derecha no indican solamente ideologías, lo que sería una simplificación, sino también programas contrapuestos respecto a muchos problemas cuya solución pertenece a la acción política, al contraste de ideas, de intereses y de valoraciones sobre la dirección que habría que dar a la sociedad. Contrastes que existen en toda sociedad y que no solo no parece que vayan a desaparecer, sino que se han agudizado en los últimos años.
La creciente revolución neoconservadora y desigualitaria que se ha venido implantando en los países desarrollados primero, y la crisis después -especialmente en el sur de Europa- ha fracturado a la sociedad y ha hecho que emerjan iniquidades, corrupción, desigualdades, empobrecimiento e injusticias que amenazan el bienestar y el progreso, mediante potenciales convulsiones sociales y la posible toma del poder político por estos movimientos.
Podemos, uno de cuyos ideólogos de cabecera es el viejo catedrático Vicenç Navarro, acierta en el diagnóstico, al igual que el profesor Navarro lo ha venido haciendo en sus numerosas publicaciones. Pero se viene abajo a la hora de proponer alternativas y soluciones a cada uno de los problemas que acertadamente apuntan.
La globalización o mundialización de la economía, que ha conllevado la pérdida de poder y de soberanía de los viejos Estados, hace muy difícil para los gobiernos –como veremos en Grecia- la toma de decisiones políticas, como consecuencia de la enorme dependencia que para mantener el bienestar, tienen de los mercados financieros internacionales. La experiencia griega servirá como experimento avanzado para intuir lo que podría suceder en España, a pesar de las notables diferencias entre ambos países.
Probablemente. el mapa político el próximo año ya no será igual en España, a pesar de que los mecanismos electorales fueron diseñados para reforzar la estabilidad. Y puede que sin estabilidad no haya crecimiento. Aunque probablemente tampoco, sin crecimiento, y sobre todo sin redistribución justa de la riqueza, haya estabilidad
