Acabamos de comenzar un año que según apuntan los expertos será el inicio de un repunte económico. Por eso tal vez resulte poco ambicioso pensar en retos para 2014 y me planteo que ya hemos recorrido una buena parte del primer cuarto de centuria. Aunque no disponemos todavía de suficiente perspectiva para poner nombre al período que estamos viviendo, podemos y debemos tomar conciencia de algunos grandes cambios que están influyendo en el comportamiento de las personas, en el consumo, en las estructuras sociales, en los procesos productivos y en tantos otros aspectos que nos obligan a adaptar nuestras estrategias de inversión y de gestión. Cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos y jurídicos, que nos obligan a dibujar un nuevo horizonte en el que entiendo que la dirección de personas tiene grandes retos.
Comienzo por el jurídico porque, desde mi punto de vista, constituye el marco en el que se encuadran todos los demás. En este sentido, la legislación es inseparable de su contexto histórico y político, debemos recordar que las normas reguladoras del Derecho del Trabajo en España han nacido y crecido durante el período de transición democrática. Desde la Constitución Española hasta el Estatuto de los Trabajadores responden a una situación social y política muy diferente de la actual. Normalmente, la ausencia de determinados derechos y libertades en un período es causa de su extrema protección legislativa en el siguiente. No es necesario explicar, por ejemplo, que el derecho de huelga o de sindicación que hoy consideramos naturales no lo fueron durante muchos años. Sin embargo, el conflicto social en las empresas ha cambiado, como lo han hecho las relaciones entre empleadores y empleados. Durante los años ochenta y noventa, la función de dirección de personas se alimentó de abogados y licenciados en derecho, encargados de lidiar con las duras batallas laborales que se generaban. Los sindicatos eran enemigos acérrimos y bien preparados para derrotar a quien se atreviese a burlar los derechos que tanto les había costado afianzar. Creo que no me equivoco si afirmo que ya no podemos hablar de semejante contienda, aún cuando queden personas que abusan de sus derechos o personas que abandonan sus deberes. Entiendo que la sociedad ha madurado bastante y con ella lo hará poco a poco su legislación, que normalmente camina más despacio. Si la seguridad del más débil generó una legislación paternalista, rígida y protectora y dio protagonismo a la negociación colectiva, el desarrollo y la madurez social parecen demandar un marco normativo más flexible que permita la expresión de todas las particularidades y circunstancias de cada relación, que facilite la autonomía y la individualidad en la gestión.
Nuestro desafío en el ámbito legislativo consiste, desde mi punto de vista, en la flexibilización y liberalización de la normativa jurídico laboral. Normas más abiertas, con elementos reguladores que protejan los derechos pero que permitan una mayor autonomía de las partes en las relaciones laborales.
Tenemos muchos más retos que, desde mi punto de vista, entran en el ámbito de la estrategia social y el desarrollo humano en las organizaciones y apenas pueden ser descritos en unas líneas. Os invito a aportar vuestras ideas en los próximos artículos y me comprometo personalmente a continuar apuntando bocetos de este atractivo cuadro que entre todos debemos diseñar.
