El debate sobre el proceso de descentralización y financiación autonómica en España, que se inicia con la Constitución de 1978, no ha contribuido a resolver las diferencias respecto al concepto de equidad y eficiencia.
Con el paso del tiempo, y actualmente con la crisis, se ha intensificado la aspereza del debate, llegando a alcanzar niveles preocupantes y dando alas a sentimientos de independencia en Comunidades Autónomas clave que, contando ya con niveles significativos de aceptación y representación política, podrían desestabilizar toda la economía del Estado en su conjunto.
Desde luego, hay espacio para la mejora y el margen de maniobra es más o menos amplio dependiendo del nivel de solidaridad que se haya definido como suficiente.
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