La reciente publicación en los medios del Proyecto de Ley de reforma de los Partidos Judiciales y el escandaloso tratamiento que éste da a Vigo, ha generado, al menos en una primera fase, reacciones por parte de algunos líderes empresariales, cuanto menos pintorescas y que invitan a la reflexión. Se trataría de saber, si estas reacciones son consecuencia de intereses estrictamente personales, deben interpretarse en un marco más bien de carácter cultural e ideológico o, simplemente, responden a viejos tics que han caracterizado a sectores poco evolucionados del mundo empresarial y que con el tiempo terminarán superándose.
Esto viene a cuento, porque hace apenas unos días, dos dirigentes de sendas instituciones empresariales declaraban, con motivo del reciente proyecto de reforma de los Partidos Judiciales, que “los empresarios no hacemos política” y que una crítica excesiva al citado proyecto no debería hacerse, porque “tiene coste político” (sic) si bien es verdad, que ambos consideraban que su aprobación perjudicaría de forma clara a las empresas actuales y futuras.
Por lo visto, las medidas que el gobierno de turno adopte en materia de política fiscal, política industrial, política económica, política laboral, etc. eso, “es política” y por tanto, no afecta a las empresas. Cuando oí al primero, no pude evitar recordar aquella frase de Ives Montand: “Aunque no te ocupes de la política, ella se ocupará de ti”.
Estos dirigentes parecen olvidar que los empresarios son una parte activa muy importante de la sociedad civil y deben tratar de hacerse oír e influir, si cabe, ante los distintos estamentos. La cortesía y colaboración con las instituciones y sus representantes no debe interpretarse por estos como una posición de vasallaje o dejación, muy al contrario, un comportamiento leal implica una actitud firme y de crítica constructiva.
Para las organizaciones empresariales, al igual que para las personas, es fundamental disponer de un alto grado de autonomía, tanto para tomar sus propias decisiones, como para construir éticas críticas y de transformación que no han de venir impuestas por argumentos de autoridad o por dogmas de organizaciones tradicionales que se resisten a aceptar lo que no son interferencias, sino aportaciones constructivas.
En las sociedades desarrolladas, las instancias de poder están diferenciadas y diversificadas y hay una multiplicidad de centros de imputación del poder político que, a su vez, reflejan una pluralidad de centros de poder social y económico (diversos grupos de presión, asociaciones, etc.) No siempre el interés público aparece con la necesaria nitidez, ni los grupos de presión son factores necesariamente extrínsecos al proceso político.
En Galicia ha sido una constante el hecho de que los empresarios, a diferencia de otros colectivos y grupos sociales, han venido manteniendo una actitud de sumisión ante los poderes públicos, caracterizada por un cierto alejamiento y un bajo nivel de implicación a la hora de ejercer la necesaria presión sobre las instituciones al entender, erróneamente, que han de ser exclusivamente los políticos quienes han de resolver las cuestiones que les afectan, lo que ha originado que en muchos casos, sus intereses, y lo que es peor los del conjunto de la sociedad, se hayan visto claramente perjudicados.
La considerable debilidad que tradicionalmente ha caracterizado a las instituciones gallegas en el concierto del Estado y a las de Vigo en el autonómico, ha venido perjudicando sistemáticamente a una clase empresarial, por otra parte sumamente dinámica y eficiente. De ahí que, legítimamente, los empresarios deben articular fórmulas que les permitan estar presentes de modo activo, en la búsqueda de soluciones a múltiples problemas que afectan a las empresas y a las que las instituciones, por unas razones u otras, no son capaces de dar respuestas. Y defenderlas con firmeza.
