Autor: Marcelino Otero López
En estos días ha aparecido una noticia en prensa sobre el proyecto del Gobierno para establecer nuevas limitaciones a la autoproducción energética, a través de impuestos y restricciones al uso de baterías para almacenamiento de excedentes. Esta vez les toca a las placas solares que empresas y particulares han ido adquiriendo a lo largo de los últimos años, siguiendo la lógica tendencia de introducir métodos alternativos de obtención de energía renovables, bien por una cultura de más responsabilidad medioambiental, bien porque han valorado la oportunidad de reducción de costes energético.
Pues bien, el gobierno español proyecta introducir nuevos impuestos para los que dispongan de estos sistemas y la pregunta es por qué.
Francamente, no se entiende que se limite el desarrollo del uso de nuevas tecnologías que nos vayan acercando a lo inevitable: la reducción progresiva de los costes energéticos.
Sí, sí: reducción. He dicho bien.
En la medida en que las fuentes de energía provenientes de los combustibles fósiles son más escasas y más costosas su obtención, las energías renovables tienen un campo natural de expansión, derivado, claro está, de la lógica de la oferta y la demanda. Si los costes de un tipo de energía se elevan, se genera demanda de bienes y servicios de otro tipo de energía alternativa, más accesible aunque sea a largo plazo.
Esto es lo que se está cociendo. Empresas y particulares actúan en un mercado abierto e intentan desarrollar esa lógica de oferta y demanda, pero una vez más interviene el Gobierno y, en lugar de proteger los intereses de los consumidores, cuyas necesidades energéticas sostienen una parte importantísima de las empresas, orienta su política a establecer mayores costes para impedir el crecimiento del nuevo mercado.
Probablemente haya una explicación, que debe ser exigida a los poderes públicos, con el fin de que la transparencia nos sitúe a los ciudadanos ante la realidad de las cosas. No se pueden promover grandes inversiones privadas en la obtención de energías renovables mediante una legislación desarrollada a lo largo de mucho tiempo, para dejar en la ruina a continuación a muchos inversores por un cambio de criterio que se mal sostiene: lo que se pretendía antes, con aquella legislación, formaba parte de lo correcto y los demás países nos observaban con admiración.
Es obvio que, si existe demanda, tanto la tecnología como la capacidad de las empresas de ofertar bienes y servicios que den respuesta a esa demanda, irán desarrollándose y cambiando las cosas. Está generalmente aceptado que la energía proveniente del sol, del viento, de las mareas y otras asociadas, serán la solución definitiva a las necesidades energéticas en el futuro. Esto además se complementa con una cuestión casi inédita, que se da muy pocas veces, y es que la materia prima de los procesos de obtención de energía solar y eólica, no tienen un propietario (los árabes lo son del petróleo), sino que pertenecen a todos, de tal forma que el coste energético no girará sobre costes de las materias primas, sino sobre la tecnología y la base infraestructural instalada para su obtención y distribución. De esta manera, la estructura de costes pasa de depender de un coste variable a un coste prácticamente fijo y por tanto concreto, amortizable y finito.
Los gobiernos en esta tesitura deberían estar más preocupados por crear las infraestructuras para vehicular esta energía, con el fin de que empresas y ciudadanos podamos acceder a la misma a costes radicalmente más competitivos que permitan imprimir un avance en el desarrollo humano sin precedentes.
Al igual que el Estado construyó carreteras, también debe priorizar el sostenimiento y desarrollo de infraestructuras energéticas, interviniendo así en el mercado, pero de forma positiva y neutral, con el objetivo de que dichas infraestructuras no induzcan nuevos peajes de futuros concesionarios que dominarían el mercado entre muy pocos “players”.
