De todos los afectados por la puesta en marcha de las tasas judiciales son, sin duda, las pequeñas y medianas empresas las más perjudicadas por esta medida.
A diferencia de determinados colectivos como los trabajadores, los beneficiarios de justicia gratuita o determinadas víctimas de accidentes, entre otros, así como las propias administraciones públicas que no pagan tasa alguna, ninguna empresa se encuentra exenta del pago de tasas judiciales.
Las PYMES no solo no se encuentran exentas del pago de tasas judiciales, sino que las cuantías fijadas para el acceso a los juzgados y tribunales no distinguen entre dimensiones, plantillas, facturación o beneficio. Las PYMES se ven obligadas a pagar las mismas tasas que las grandes multinacionales.
Las empresas necesitan una justicia ágil, eficaz, resolutiva. La inversión en justicia genera certidumbre en las relaciones económicas y mejoran nuestra competitividad internacional. Hasta la fecha, el notable incremento en la recaudación por vía de tasas judiciales no ha supuesto una mejora del servicio público de justicia.
El nuevo ministro de Justicia debe atender estas circunstancias y revisar el sistema de tasas judiciales, eximiendo del pago de las mismas, al menos, a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo sería aconsejable que para el resto de las empresas se redujera el importe de las tasas judiciales, las cuales resultan desorbitadas actualmente en determinados procedimientos.
El ministerio debe valorar que cada euro que una PYME destina al pago de tasas judiciales es un euro menos que destina a inversión, innovación, investigación o a la mejora de las condiciones salariales de sus empleados. Cualquiera de estas medidas contribuiría a la mejora del entorno económico general, que es lo que ahora más necesitamos.
