- Afectan a todas las empresas, especialmente a las pymes, pero también a microempresas y autónomos y, en algún punto, a personas físicas
- El carácter retroactivo de algunas de las normas, a 25 días de concluir el ejercicio, perjudica la seguridad jurídica
- Círculo lamenta que no se fomente el crecimiento de las pequeñas empresas
Vigo, 29 de diciembre de 2016.- Ante las medidas fiscales aprobadas por el decreto ley 3/2016, Círculo de Empresarios de Galicia quiere sumarse a las críticas generalizadas que le han hecho llegar sus propios socios y a las ya publicadas por otras organizaciones empresariales y sectoriales.
Círculo considera que se ha desaprovechado nuevamente la ocasión de sentar las bases que nuestra economía precisa para garantizar el crecimiento y desarrollo de nuestras pymes, fomentar la internacionalización y atraer inversión extranjera.
El tratamiento que recibe el Impuesto de Sociedades, con medidas como la reversión de provisiones deducidas antes de 2013, las limitaciones en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las modificaciones introducidas en la compensación de bases imponibles negativas, afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas que han logrado sobrevivir a la crisis, procurando mantener el empleo, en especial a aquellas que facturan entre 20 y 60 millones de euros y/o están presentes en mercados exteriores. A ello se añade además el efecto retroactivo, a 1 de enero de 2016, impuesto por una norma publicada cuando apenas faltaba un mes para la conclusión del ejercicio, una situación que provoca una grave inseguridad jurídica e indefensión, difícil de explicar a inversores extranjeros que en algún momento tuvieron interés por nuestro país y que previsiblemente optarán por países próximos que ofrecen un mejor trato fiscal.
Afectan a todas las empresas
No son, sin embargo, las pymes las únicas perjudicadas. Las limitaciones (prácticamente la eliminación) del aplazamiento o fraccionamiento del ingreso de deudas derivadas de tributos (IVA) afectarán también a microempresas y autónomos, mientras que la elevación del coeficiente que se aplicará a valores catastrales no revisados extenderá las consecuencias de este decreto ley tanto a personas jurídicas como físicas.
Círculo considera que el objetivo de este decreto-ley se ha fijado exclusivamente en corregir el déficit público, recurriendo a medidas que previsiblemente nos pasarán una elevada factura a largo plazo. Frente a las demandas empresariales, que desde hace tiempo vienen apostando por un tipo único en el Impuesto de Sociedades y por una persecución más eficaz del fraude y la economía sumergida, se ha recurrido a medidas que gravan todavía más el esfuerzo de quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales y, lejos de caminar hacia la simplificación, elevan el nivel de complejidad de la gestión empresarial en sus relaciones con la administración.
Desincentivo al desarrollo y crecimiento
Especialmente preocupante es el hecho de que se desaliente el desarrollo de la empresa, en una economía caracterizada por el minifundismo empresarial. En efecto, las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria señalan que el 55 % de las empresas españolas (53,49 de las más de 195.000 existentes en Galicia) carece de asalariados, y sólo el 0,7 % (0,53 % en Galicia) tiene más de cincuenta trabajadores. Ante esta realidad apabullante, diversos organismos nacionales e internacionales vienen señalando desde hace años la relación entre tamaño y competitividad, una relación obviamente vinculada a la creación de empleo.
Curiosamente, la recaudación del Impuesto de Sociedades en España está en la media de la UE28 (en torno al 2,5 % del PIB entre 2007 y 2015), pero países como Suecia (3 %), Países Bajos e Irlanda (2,7 %) recaudan más debido principalmente a que disponen de mayor número de empresas medianas y grandes.
