- Propone la rebaja de los tipos impositivos y un sistema de sanciones racional y graduado, en función de la intencionalidad probada
- La deducibilidad de algunos gastos por servicios de profesionales posibilitaría el afloramiento de actividades o ingresos ocultos
- El fraude fiscal es competencia desleal directa a empresas que cumplen sus obligaciones tributarias
La corrupción y el fraude fiscal no sólo perjudican a la economía española, sino que también penalizan al empresario que cumple con sus obligaciones, ya que suponen competencia desleal directa, además de extender la sospecha a colectivos que tienen como objetivo la creación de riqueza y empleo. Es una de las conclusiones de las dos mesas de debate celebradas en el seno del Círculo de Empresarios de Galicia sobre fraude fiscal.
En estos momentos, el fraude fiscal en España estaría rondando el 24 % del PIB, lo que supone en torno a 10-12 puntos más que la media de los países comunitarios. Acercarnos a una tasa ‘asumible’ debe ser un objetivo primordial de la política fiscal española. El socorrido paliativo para esta situación viene siendo, desde hace años, el incremento de las cargas tributarias, que, sin embargo, no redunda en aumento de la recaudación. Por el contrario, una menor presión fiscal puede actuar como desincentivo para el fraude fiscal y la economía sumergida; frente a esto, una alta presión recaudatoria ‘anima’ a asumir riesgos y puede provocar fugas de capital que deberían destinarse a la inversión en el país.
- De los debates entre los socios del Círculo, han surgido una serie de propuestas, que tienen como finalidad incrementar la base de cotizantes a la Hacienda Pública y hacer aflorar ingresos y/o actividades que hasta ahora permanecen ocultos al fisco, así como campañas de concienciación y educación tributarias para luchar contra la banalización de los asuntos fiscales. En este sentido, se aboga por
- La reducción de los tipos impositivos, la ampliación de las bases imponibles y la articulación de sanciones racionales debidamente graduadas en función de la intencionalidad probada de defraudar.
- La deducibilidad de ciertos gastos personales por la prestación de determinados servicios profesionales.
- Evaluación del importe y características del fraude fiscal, y traslado a los ciudadanos de la trascendencia y consecuencias de esas cifras; y labor pedagógica sobre la legalidad de determinados vehículos societarios que canalizan inversión extranjera hacia nuestro país.
- Campañas de concienciación sobre la necesidad de generar ingresos suficientes para sostener un estado de bienestar, y la obligación colectiva de contribuir en la medida en que corresponda a cada uno.
Del mismo modo, durante los debates, se evidenció la preocupación por la planificación agresiva de algunas multinacionales con filiales en España que, aprovechando los beneficios legales, tributan menos del 5 % (la media está en el 30). Por ello, se demanda también:
- Voluntad política para instrumentar, en coordinación con otros países europeos, medios adecuados que obliguen a las multinacionales, y mayor control de las mismas, a través de los servicios de inspección.
- Potenciación del intercambio de información fiscal entre países e impulso de la lucha contra los paraísos fiscales y el secreto bancario.
Por otra parte, los participantes también mostraron su preocupación por la excesiva judicialización de los asuntos fiscales, que se contrapone con la falta de preparación de jueces y fiscales en temas tan específicos como los tributarios, por lo que se propone igualmente:
- La modificación del tipo penal del delito frente a la Hacienda Pública, elevando el importe hasta los 500.000 euros, excepto en casos de conductas especialmente gravosas para el erario público.
- Creación de juzgados especializados en delitos económicos.
- Creación de una Oficina Nacional Antifraude, con policía fiscal, que integre todos los organismos actualmente inmersos en la lucha contra el fraude y la corrupción.
- Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
