Vivimos más. ¿Viviremos mejor? El futuro del sistema de pensiones.

El futuro del sistema de pensiones. ¿Hay alternativa?

“Europa está abocada a una verdadera catástrofe demográfica. Es una bomba de efecto retardado que explotará en las manos de nuestros hijos y nietos”, Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos de la UE, junio de 2009.

Es, posiblemente, el debate pendiente más importante de la economía española, que, sin embargo, no se ha puesto abiertamente sobre la mesa. Las palabras de Almunia no son, sin embargo, una premonición: son una evidencia.

Casi la cuarta parte de la población de Galicia (23,65 %) tiene más de 65 años. 2015 cerró con datos que indican que la población ocupada soporta a parados y pensionistas a razón de 1 por 1 (un cotizante por desempleado o pensionista). Aunque es previsible una mejora en los datos de empleo, no cabe por el contrario sino esperar que la masa de jubilados se incremente.

Las proyecciones de población, en un escenario medio (ni el más pesimista ni el más optimista) apuntan que en 2050, la tasa de gallegos con más de 65 años superará el 35 %; se calcula igualmente que en tres décadas las pensiones en España consumirán el 16 % del PIB nacional.

Parece obvio que el actual sistema de pensiones no aguantará tales tensiones y, frente a quienes fían el futuro a un eventual incremento de la natalidad o la inmigración, no falta quienes apunten que, aun en el caso de que esa circunstancia se produjera, el mantenimiento del sistema tal y como está diseñado hoy en día no haría sino trasladar el problema al futuro.

¿Hay alternativas? Ante un panorama de reducción o congelación de salarios, que dificulta a no pocas familias la holgura económica, ¿puede plantearse un sistema mixto público- privado, basado en aportaciones tanto a la Seguridad Social como a planes privados? ¿Cabría pensar en un sistema de capitalización, en lugar de reparto? ¿Qué recorrido puede tener la propuesta de, como sucedió con la sanidad, que las pensiones pasen de ser prestaciones de la Seguridad Social a ser un derecho financiado con impuestos?