A medida que se acercan las elecciones municipales y, sobre todo, al hilo de la publicación de sondeos electorales desfavorables, el partido en el gobierno y portavoces del propio gobierno vuelven a plantear cada vez con mayor frecuencia la conveniencia de que sea designado alcalde el concejal que encabece la lista más votada. Es decir: proponen la reforma de la Ley Electoral. El argumento parece ser su decidida convicción de que ello es “más democrático y, además, garantizaría la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad que, por lo que se infiere, con el actual sistema no están garantizadas. Por otra parte, parece que el mismo argumento no vale para designar Presidente del Gobierno o de la Comunidad Autónoma, designados de modo también indirecto y fruto de los acuerdos parlamentarios posteriores a las elecciones.
Es de sobra conocido que los distintos sistemas electorales han tenido siempre efectos beneficiosos o perjudiciales para los distintos partidos políticos, según les vaya en cada momento o cual sea la distribución territorial de su electorado. Una de las ventajas del sistema español, ya suficientemente mayoritario, es que produce efectos concentradores sobre el sistema de partidos, contribuyendo a reducir el grado de fragmentación institucional (en contraste con la amplia fragmentación electoral) y, por tanto, a generar la formación de gobiernos estables, basados en mayorías legislativas “manufacturadas” pero, en todo caso, producto inequívoco de la voluntad de los electores.
Aunque a día de hoy los defensores del cambio de modelo no explican el mecanismo de asignación de escaños de su propuesta, cabe suponer que pretenden reducir la ya débil proporcionalidad que, por otra parte, constituye el eje central de nuestro sistema, ponderando más el voto de modo que ya opera prácticamente como un sistema mayoritario, aunque corregido. Tal vez en su pretensión esté un sistema a doble vuelta o un modelo mayoritario puro. Pero en todo caso, me pregunto: ¿es más democrático que una ciudad la gobierne un partido que haya podido ser rechazado –pongamos por caso- por el 60% de sus electores?
El sistema electoral español es una obra de ingeniería electoral que combina, con bastante acierto, la estabilidad y la representatividad políticas; sin embargo, manifiesta uno de los índices de proporcionalidad más bajos de los que se dan en las democracias europeas (salvo Francia e Inglaterra) Uno de sus efectos es la sobre representación de los grandes partidos, que beneficia en la actualidad, precisamente, al Partido Popular en prácticamente todo el ámbito institucional y en detrimento –por ejemplo- de UPyD o IU, incrementando entre seis y diez puntos la representación institucional sobre el número de votos obtenidos.
Parece evidente que, incluso con un sistema tan poco proporcional como el español, las corporaciones locales o los parlamentos representan de forma palmaria la voluntad de los electores que optan al votar por un modelo que, si bien puede producir tensiones puntuales, globalmente responde a una voluntad concurrente en sus aspectos político y social. Los distintos gobiernos de coalición en el mapa institucional español no han supuesto necesariamente ineficiencia en la gestión, ni al revés. El problema, en definitiva, no es tanto consecuencia del sistema electoral, cuanto de la dificultad que ha venido teniendo el Partido Popular a la hora de generar consensos, dado el enorme espectro que aglutina en su seno y que abarca desde el centro liberal a la extrema derecha. Es decir: todo el consenso posible, ya lo tiene dentro.
Una reforma que mantenga como objetivo la búsqueda de la gobernabilidad a base de disminuir la actual proporcionalidad sería, además de menos democrática por no consensuada, discutible dado el actual marco constitucional y no resolvería ninguno de los dos problemas verdaderamente importantes que tiene el actual sistema electoral: la híper representación de los partidos nacionalistas y, en menor medida, el sistema de listas cerradas y bloqueadas.
En definitiva, el enfoque que se ha de dar por parte de los distintos partidos a sus legítimas aspiraciones a conseguir las alcaldías, no es tanto una cuestión de reforma de la Ley Electoral, cuanto una cuestión de candidatos, capacidades, comportamientos y programas. Las personas más capaces, tanto para captar los apoyos electorales y generar consensos, como para gestionar las instituciones, son las que deben integrar y, en su caso, encabezar las candidaturas.
