Hay que hacer más. Esa es la conclusión de lo acordado ayer en el Consejo de Ministros, a propuesta del responsable de la cartera de Economía y Competitividad, respecto a la ejecución del programa de garantía de unidad de mercado.
Del conjunto de medidas propuestas y sin perjuicio de la importancia de las demás destaca, por su especial relevancia, continuar impulsando el trabajo de adaptación de la normativa autonómica y local. Especial relevancia porque es en este ámbito en el pueden producir las principales dificultades en la materialización de un mercado único y una licencia única.
El problema radica, una vez más, en la resistencia de las Comunidades Autónomas a ceder terreno en un sector económico de tanta relevancia. Unas de un modo abierto y frontal, como aquellas que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad. Otras en versión pasivo-agresiva, dificultando de facto su aplicación y la consecución de sus objetivos.
Por ello, la propuesta de que este trabajo se desenvuelva en el seno de Conferencias sectoriales, y a través de grupos de trabajo técnicos, parece adecuada para resolver las discrepancias que se produzcan sin necesidad de tener que acudir ante los tribunales para su resolución, lo que provocaría un importante retraso en la misma.
Sin embargo, se echa de menos que además de medidas legislativas y reglamentarias, no se recojan también propuestas de naturaleza operativa y práctica, en cuanto su revisión en clave de unidad de mercado pueden suponer también un importante avance. Estamos hablando de temas tales como agilizar las ventanillas únicas, garantizar la implantación de la administración electrónica para evitar cargas innecesarias derivadas de cuestiones meramente territoriales, entre otras.
Este acuerdo pone de manifiesto cómo a pesar de lo establecido en la ley la licencia única y la eliminación de obstáculos para la circulación de servicios y el libre establecimiento de los operadores económicos constituye todavía una asignatura pendiente en la que hay un largo camino por recorrer. No obstante, ver que el problema se encuentra en la agenda de dos ministerios tan potentes como el de Administraciones Públicas y Hacienda y el de Economía y Competitividad nos permite otorgar un voto de confianza a la ley.
