Otra vez sin Plan

Otra vez Vigo sin Plan

Círculo, Editorial

Otra vez sin Plan

09 sep 2016

Vigo se ha quedado otra vez sin Plan. No es un caso excepcional. Sin que aminore en absoluto el problema de Vigo, en la misma situación están Ourense, Gijón, Marbella, Murcia, Castellón, Ibiza… en una lista que a los expertos urbanísticos se les hace interminable.

Hace unos días, el catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, autor del informe que presentó el Ayuntamiento de Vigo para intentar solventar los ‘vicios’ del Plan- rechazado recientemente por el Consello Consultivo de la Xunta-, hablaba en el Círculo sobre “la quiebra del sistema urbanístico español”. A la vista de los cientos de resoluciones judiciales (en Galicia, no sólo dos grandes ciudades sufren las consecuencias de un plan anulado, sino también muchas otras localidades) que dejan huérfanos de legalidad cientos de miles de viviendas y negocios, parece claro que, efectivamente, España tiene un problema con el urbanismo.

De los 138 recursos referidos a otros tantos planes generales y ‘casados’ por el Tribunal Supremo en 2014, un total de 108 fueron declarados nulos.

Cuesta creer una intencionalidad perversa y/o especulativa en los redactores de planes urbanísticos y en los funcionarios que intervienen en el lentísimo procedimiento y larga tramitación a que se sujetan los planes urbanísticos. Y cuesta entender cómo un defecto, o un ‘vicio’, puede poner en solfa a tantos miles de familias y empresas. No sólo eso: es obvio que esa inseguridad jurídica en la que nos movemos afecta a la economía y afecta a nuestro atractivo exterior.

No es de extrañar, además, que algunos juristas hablen de ‘nulidad radioactiva’, por su efecto contaminante y de mortífero contagio al resto de los planes vinculados al anulado, y porque la nulidad no permite aprovechar nada de los largos años de tramitación.

Ahora bien, ¿qué hacemos?

Otros países europeos han pasado también por esto: Francia ha establecido plazos para corregir los defectos denunciados, y Alemania ha determinado legalmente qué ‘vicios’ provocan la nulidad de los planes urbanísticos.

Probablemente, y en aras de la seguridad jurídica, esta sea una asignatura pendiente en España.

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