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7 September, 2021

Círculo llama al consenso para evitar otros treinta años sin PXOM en Vigo

Solicita al Ministerio agilidad en la reforma que dará seguridad jurídica en la planificación territorial y que será clave para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Vigo, 7 de septiembre de 2021.- Círculo de Empresarios de Galicia aplaude la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo y anima a buscar el máximo consenso para evitar otros treinta años sin planificación urbanística en el municipio más grande de Galicia. En este sentido, alerta sobre el hecho de que cualquier impugnación del nuevo plan podría volver a provocar su nulidad y retrotraernos nuevamente al plan de 1993 durante años. Es por eso que Círculo ha invitado a la concejala de Urbanismo, María José Caride, a exponer las principales claves del nuevo Plan, y está trabajando en la organización de una jornada sobre el mismo, con el fin de recabar sugerencias y aportaciones del empresariado vigués, que puedan enriquecer el documento y que serán trasladadas al ayuntamiento Círculo es plenamente consciente de que los problemas con la planificación urbanística no son exclusivos de esta ciudad, tal y como demuestran los cientos de sentencias del Tribunal Supremo que han invalidado los planes generales de otros tantos municipios españoles. Este hecho pone de relieve lo que algunos expertos denominan la ‘quiebra del sistema urbanístico español’, así como la llamada ‘nulidad radioactiva’, por el efecto contaminante y de contagio que, a menudo, un defecto de forma puede tener sobre los planes vinculados al anulado; de hecho, hasta ahora, la nulidad no permite aprovechar nada de los largos años de tramitación, dejando así huérfanos de legalidad a miles de negocios y familias. Urge la reforma Por otra parte, Círculo requiere del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la mayor agilidad posible en la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, sometida a consulta hace unos meses, con el fin de reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística. Dicha reforma, que se iniciaría- según anuncio del propio Ministerio- a través de un anteproyecto de ley, dotaría a los planes de ordenación de estabilidad, certeza y seguridad jurídica, al tiempo que protegería los intereses territoriales, sociales, económicos y medioambientales. Considerados el ‘catecismo’ del urbanismo municipal, estos planes tienen una enorme incidencia en la economía local y nacional y en la creación de empleo, por lo que su trascendencia está fuera de toda duda, máximo en estos momentos de recuperación post-covid. Así, Círculo considera que el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no puede encontrar barreras en un planeamiento urbanístico “obsoleto y desactualizado, impugnado o anulado”, coincidiendo con las expresiones del propio ministerio. Agilidad, simplificación y desjudicialización Ya en su día, Círculo abogó por promover un gran acuerdo político para las próximas décadas, que permita establecer un marco estable, en el que repensar las competencias urbanísticas; simplificar la normativa aplicable; crear un órgano técnico y multidisciplinar, que analice las causas del fracaso del actual modelo urbanístico y sugiera soluciones concretas; e incluso un organismo de arbitraje para la resolución de conflictos menores. Es preciso, además, que el urbanismo deje de ser un arma política y hay que apostar por incrementar la cultura ciudadana sobre la trascendencia del desarrollo urbano. La hiperregulación del sector, los conflictos de competencias entre administraciones, la politización y judicialización del urbanismo podrían servir para explicar la complejidad de la tramitación administrativa y de los larguísimos procedimientos urbanísticos, así como la inseguridad jurídica en que derivan Sin embargo, y pese a las decenas de informes de todo tipo que ya entonces precedían a la aprobación de este tipo de planeamientos, en los últimos años se han ido sumando nuevas exigencias que complican todavía más dichos procedimientos, sin garantizar en absoluto la seguridad jurídica (más bien, al contrario), con el agravante de que una sentencia de nulidad por un defecto concreto afecta a la totalidad del planeamiento. Mientras esto sucede en España, otros países europeos han buscado algunas soluciones: Francia ha establecido plazos para corregir los defectos denunciados, Alemania ha determinado legalmente qué ‘vicios’ provocan la nulidad de los planes urbanísticos, y los municipios portugueses emiten informes urbanísticos de las parcelas que son vinculantes y respetados por gobiernos sucesivos.

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Editorial, El Círculo opina

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