Confía en acuerdos con amplio consenso para terminar con las desigualdades territoriales que provocan incertidumbre e inseguridad jurídica, y con la corrupción
Reclama a políticos y administración la misma transparencia requerida a ciudadanos y empresas
Vigo, 3 de mayo de 2016.– Ante la convocatoria de las elecciones del próximo 26 de junio, Círculo de Empresarios de Galicia quiere manifestar lo siguiente:
- Cabe comenzar a plantear ya la próxima legislatura como una oportunidad para abordar las múltiples reformas pendientes. Los partidos políticos representados en la Cámara tienen necesariamente que formar un gobierno que cumpla las expectativas y los compromisos adquiridos con sus electores en los plazos establecidos. La primera e inapelable misión del Parlamento que salga de las urnas ha de ser posibilitar la formación de gobierno e iniciar de forma efectiva la XII legislatura.
- Del mismo modo, debemos exigir la mayor transparencia y agilidad en dos asuntos que cercenan el buen gobierno del país y de las empresas: la corrupción y el exceso de burocracia.
- Con respecto a la primera, Círculo alerta sobre un grave problema que, en el fondo, deviene de la falta de ética, responsabilidad y rigor, que no es sólo achacable a los partidos políticos, pero que se está convirtiendo en un arma arrojadiza entre ellos.
- En este sentido, Círculo considera imprescindible hacer una llamada a la prudencia en las filtraciones de los casos que están en instrucción, ya que, orientadas de forma interesada, devienen en tribunales mediáticos que hacen un flaco favor a un sistema democrático maduro.
- En todo caso, es exigible el máximo control, por parte de las autoridades correspondientes, en asuntos de fraude fiscal y economía sumergida. Tal y como se viene comprobando, si se quiere, se pueden alcanzar altas cotas de eficacia para hacer frente a estas actitudes.
- Las obligaciones legales y éticas afectan no sólo a los políticos, sino también a ciudadanos, empresas y a la administración en todos sus niveles. Sobre este aspecto, cabe apuntar que la simplificación de muchos de los procedimientos administrativos puede ser de gran ayuda para los ciudadanos, mientras que los códigos de buen gobierno y los programas de buenas prácticas que son exigidos a las empresas, deben ser igualmente aplicados por la administración, que debe llevar adelante políticas de total transparencia que disipen cualquier duda sobre sus actuaciones; transparencia, por otra parte, que la administración requiere de los administrados.
- Por otra parte, Círculo considera que el órgano legislativo que salga de las elecciones del 26-J tiene un gran compromiso con el acotamiento de la inseguridad e incertidumbre jurídicas que sufre este país.
- Sobre este aspecto, los informes de los organismos mundiales deben volver a colocar a España en el lugar que le corresponde, especialmente en los ranking referidos a la facilidad para hacer negocios. Desterrar la inseguridad jurídica y las desigualdades entre las comunidades autónomas ha de ser un objetivo sin paliativos de la próxima legislatura.
- Lamentablemente, las desigualdades territoriales no se limitan a las comunidades autónomas, sino que afectan también a los ayuntamientos (distintos plazos, distintos costes, distintos trámite para una misma solicitud), sin que la transposición de la Directiva Europea de Servicios haya tenido reflejo en la vida municipal, y sin que haya fructificado el intento de la Xunta de Galicia de sacar adelante una ordenanza tipo.
- A todo ello se añade la ausencia de unidad de criterios, no sólo entre administraciones, sino incluso dentro de la misma unidad administrativa, y, aún más allá, dentro del mismo procedimiento. Todo esto genera, obviamente, una inseguridad e incertidumbre jurídicas que pueden ahuyentar la inversión empresarial, propia o foránea, en una Europa que sigue apostando por la unificación de criterios.
- Previsiblemente, la tendencia de crecimiento del PIB del país en los últimos trimestres no se sostendrá en el tiempo de prolongarse la actual situación política. Es, pues, exigible la responsabilidad de todas las formaciones para no demorar las acciones necesarias que permitan consolidar la recuperación económica.
