Círculo reclama cambios en la LCSP y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

• Considera necesario centralizar la investigación de estas causas en una Agencia Nacional • Sólo el reforzamiento de la sociedad civil puede contrapesar peso de partidos políticos
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05/12/2014
Vigo, 5 de diciembre de 2014.- La corrupción política, entendida como el mal uso del poder público para conseguir o favorecer una ventaja ilegítima, afecta directamente a la empresa porque da de lleno en la línea de flotación de la libre competencia. Socios del Círculo de Empresarios de Galicia analizaron hace unos días las consecuencias de la corrupción, en sus distintos niveles, y concluyeron que es necesaria la adopción de medidas contundentes de carácter coercitivo como, por ejemplo, el incremento de las penas para luchar de forma efectiva contra la corrupción en España.

Si bien la publicidad de los casos de corrupción ha de ser tomada como algo positivo, Círculo considera que a menudo se produce de forma sesgada y es utilizada por los partidos políticos como un arma arrojadiza. Este hecho podría ser un elemento más para explicar, por una parte, el hartazgo de la población, que sitúa la corrupción como su segunda preocupación en las últimas encuestas del CIS; y, por otra, el surgimiento de movimientos como el 15-M o ‘Podemos’ que están reflejando una demanda de cambio real que, de no ser debidamente gestionado, puede deparar consecuencias indeseadas para la economía y el bienestar de los españoles.

Modificación de la Ley de Contratos de Servicios Públicos, imprescriptibilidad de delitos asociados a la corrupción, máxima transparencia en la financiación de los partidos y centralización de la investigación en una Agencia Nacional, son algunas de las medidas propuestas por Círculo de Empresarios de Galicia, a raíz de las conclusiones del debate entre sus socios, a los que, más que la imagen de corrupción que pudiera estar transmitiendo España, les preocupa la imagen de impunidad de la corrupción.

PROPUESTAS

• Endurecimiento del Código Penal e imprescriptibilidad en los casos asociados a la corrupción. Asimismo, debería graduarse el castigo en función del alcance de la infracción, falta o delito, mediante la aplicación de agravantes si el imputado ejerce un cargo público o actividad política y gestiona recursos públicos. Del mismo modo, cabría la reclamación de investigaciones más profundas cuando se trate de un empresario imputado por causas relacionadas con pagos ilícitos a cargos públicos o políticos, y especialmente la agilización de los procedimientos judiciales. Y, especialmente, es exigible la reposición del daño (devolución del dinero).

• Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Sobre este punto, es exigible establecer un mejor equilibrio entre los criterios objetivos y subjetivos, primando los primeros y dándoles un mayor peso sobre los segundos, así como poner coto a las bajas que distorsionan los concursos públicos y que no se sostienen durante la ejecución de la obra o servicio, dando lugar a múltiples conflictos.

• Justificación de la procedencia de los bienes patrimoniales adquiridos por el cargo público o sus familiares directos, durante el tiempo de actividad pública cuando se hubiera producido un crecimiento llamativo y de difícil justificación con los ingresos oficiales percibidos. También, en este sentido, es exigible la máxima transparencia tanto en el destino de dietas y gastos de cargos públicos, como en la financiación de los partidos. El reforzamiento de la vigilancia y control por el Tribunal de Cuentas, el control de la actividad financiera de los partidos políticos y la aprobación del estatuto de los cargos públicos, son medidas que deberían ser puestas en marcha con carácter perentorio.

• Centralización de las investigaciones sobre casos de corrupción o asociados, en una Agencia Nacional, que coordine la labor de jueces, fiscales, Agencia Tributaria, Aduanas, Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, etcétera.

• Formación y remuneración. Círculo manifiesta igualmente su preocupación por el grado de preparación, experiencia y trayectoria laboral previa, de quienes gestionan recursos públicos y, en este sentido, recuerda las exigencias existentes en el mercado laboral para acceder a puestos directivos. Del mismo modo, considera que los políticos deben ser bien remunerados- no es lógico que el sueldo de ministros y presidentes del Gobierno sean equiparables al del director general de una pyme-, siempre y cuando vele la máxima transparencia.

• Prestigio y regeneración democrática.- Derivado de lo anterior, urge adoptar medidas que prestigien la política y devuelvan el reconocimiento social a las agrupaciones sindicales, empresariales e instituciones, principales soportes de nuestro sistema democrático. Ello conlleva, asimismo, una exigencia de ejemplaridad para los agentes involucrados que dedican toda o parte de su vida al bien común. Para lograr la necesaria regeneración democrática, urge el rechazo político y social de inmediato de prácticas de corrupción.

• Una sociedad civil fuerte.- Del mismo modo, la sociedad civil debe hacer un esfuerzo para articularse convenientemente y ejercer el papel que, como contrapeso del poder político, le corresponde. Sólo una sociedad civil activa, informada y culta, con códigos y valores éticos claros, puede reforzarse el sistema democrático e incluso contribuir a que la clase política recupere el respeto de la ciudadanía. La educación constituye, por ello, base fundamental para la persecución de la corrupción, por lo que cabe exigir reforzar una cultura cívica, basada en la honradez y en valores éticos, desde la escuela y para poner coto a la picaresca social a todos los niveles.

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