La vicepresidenta segunda del Congreso se ofrece a trabajar conjuntamente con los sectores afectados
Empresarios gallegos manifiestan su inquietud por la inseguridad jurídica y la paralización de inversiones, derivadas del anunciado texto
Vigo, 10 de enero de 2020.- La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, solicitará una reunión con la futura vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de trasladarle la preocupación de los empresarios gallegos ante la previsible reforma del Reglamento de Costas. Asimismo, se ha ofrecido a trabajar con los sectores afectados por dicho texto para defender conjuntamente sus intereses.
Pastor, acompañada por diputados y senadores del PP por la provincia de Pontevedra, mantuvo este mediodía un encuentro con una comisión de sectores afectados, encabezada por el Círculo de Empresarios de Galicia. Esta reunión da continuidad a la ronda de contactos iniciada en septiembre para transmitir a los grupos políticos la inquietud empresarial por las consecuencias del borrador del Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Costas, en especial en lo que afecta a la prórroga de las concesiones de Costas, ya que podría poner en riesgo instalaciones industriales viables y en activo.
El citado texto ha sido objeto de cientos de alegaciones, dada la enorme incertidumbre que introduce para las actuales concesiones de Costas, no solo las pendientes de prórroga sino también las prórrogas ya autorizadas, por cuanto ha reducido los plazos con respecto a la ley de 2013, sin contemplar período de transitoriedad. Así, la Ley de Costas de 2013 establece concesiones de 75 años, que pueden ser prorrogadas por otros 75, mientras que el proyectado Reglamento fija en 75 años el máximo permitido (incluyendo concesión y prórroga), al tiempo que introduce criterios considerados discrecionales e incluso subjetivos, que, a juicio de las empresas, provocan una gran inseguridad jurídica; esta situación ha derivado ya en la paralización de inversiones en la costa gallega, algunas de las cuales podrían ser desplazadas a otras zonas geográficas cercanas, según señalaron miembros de la comisión, que lamentan además que, en la redacción del texto, no se haya tenido en cuenta la realidad específica de la costa gallega y su tradicional vinculación económica al mar.
Miles de puestos de trabajo están, pues, en riesgo, sin que siquiera se haya calculado el lucro cesante por el que las empresas tendrían que ser resarcidas y que podría alcanzar varios cientos de millones de euros, se estimó en esta reunión en la que también se lamentó que no se tenga en cuenta la repercusión de todo ello en el PIB gallego ni en la sostenibilidad económica de la comunidad autónoma.
Ana Pastor, por su parte, recordó que la Ley de 2013 resolvió la situación de más de 600.000 personas en un momento en el que existían 40.000 ocupaciones marítimo-terrestres, al tiempo que coincidió con el colectivo empresarial en las dudas sobre la prevalencia de un reglamento- que previsiblemente será aprobado por Real Decreto, sin trámite parlamentario- sobre una ley a la que modifica.
